El Gobierno de Cantabria (PP) presentaba a principios de junio un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo (PSOE) por "invadir competencias regionales y nacionales" en materia de la instalación de parques eólicos.
El ejecutivo se personaba contra el acuerdo municipal del 6 de marzo de este año, en el que se aprobó una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suspender el otorgamiento de licencias en suelo rústico de especial protección.
Ahora, el auto judicial recoge cómo el Ayuntamiento ha alegado "que la adopción de la medida cautelar podría suponer una perturbación grave de los intereses generales, al desprotegerse los suelos rústicos de especial protección, y la adopción de la medida resultaría contraria al principio de precaución".
Es el Juzgado el que da la razón al consistorio local y entiende que la solicitud del gobierno regional no puede estimarse porque "su adopción produciría daños medioambientales irreparables", y que carece de sentido la pretensión de dejar sin efecto la suspensión de licencias acordada por el Ayuntamiento únicamente a los parques eólicos, pero no respecto del resto de las suspensiones, puesto que ello supondría "una perturbación grave del interés general".
Asimismo, el Juzgado considera que el retraso en la ejecución de los parques eólicos no origina unos perjuicios de difícil reparación, justificando que los procedimientos administrativos se llevan tramitando desde hace más de siete años, y no se han acreditado cuáles son.
Tras la decisión judicial, el consistorio ha comunicado que "la suspensión de licencias acordada por el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo sigue desplegando sus efectos mientras se tramita la modificación del PGOU con la finalidad de dotar de una mejor y más eficaz protección a los suelos rústicos de especial protección del municipio".
