Izquierda Unida pedirá en el Pleno del Ayuntamiento de Santander, que se celebra este viernes 28, que reclame al Gobierno de Cantabria (PP) que establezca una moratoria en la concesión de licencias para pisos turísticos hasta que se apruebe el decreto regulatorio que ha anunciado para el mes de otoño.
Para el concejal de la formación, Keruin Martínez, se trata de una medida "que tendría que haber salido de ellos si realmente quisieran evitar el crecimiento descontrolado de este fenómeno, ya que el propio anuncio del decreto provocó un aluvión de solicitudes de regulación, según sus propias palabras".
Martínez, que llevará la cuestión al Pleno como ya había anunciado cuando se reunió con sus compañeros en los consistorios de Bilbao y San Sebastián, considera que es "vital" conocer "con precisión" la situación "real" de la vivienda turística en Santander, cómo ha evolucionado y de qué modo afecta a los precios del alquiler y en última instancia, al derecho fundamental de acceso a una vivienda digana.
Una opinión que ha compartido con el presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria, Jaime Paino, con quien ha mantenido una reunión en la que ambos han concluido que ninguna medida será efectiva mientras no se conozcan los números concretos de este tipo de viviendas y se amplíen las inspecciones y las multas para aquellos que actúen de manera ilegal.
"Y es que podemos tener la mejor normativa del mundo y la más garantista con la ciudadanía, pero de nada sirve si no se vigila su cumplimiento ni se sanciona a los infractores", ha enfatizado Martínez.
En este sentido, también solicitará que el equipo de Gobierno del PP que realice un estudio diagnóstico "pormenorizado".
Según los datos de IU, solo en el último año, el precio del alquiler en Cantabria ha aumentado un 9,4%, situándose en 13,34 euros por cada metro cuadrado, superior a otras comunidades cercanas como Asturias, Navarra o Aragón, donde, no obstante, el salario medio es superior a la de Cantabria.
"Es innegable que uno de los motivos del aumento de los precios es la reducción de la oferta de pisos disponibles, ya que no hay que perder de vista que, además, hay una gran cantidad de viviendas vacías que son propiedad de bancos y fondos de inversión". Lo cual, unido a la "ausencia de control", permite un "crecimiento desproporcionado de usos irregulares", ha señalado Martínez, que también ha hecho alusión a "los problemas de convivencia" a los que se enfrentan los vecinos "en los barrios más afectados por este fenómeno".
Finalmente ha censurado la actitud del Ayuntamiento, que "apuesta por hacer oídos sordos a la especulación, a la expulsión de los vecinos de toda la vida y que, cada vez, sean más los que viven con problemas constantes de convivencia, donde los ruidos, la suciedad y la falta de descanso es la dinámica del día a día".
