Izquierda Unida de Santander ha criticado que el borrador del nuevo decreto para regular los pisos turísticos en Cantabria "abre la puerta al negocio de los grandes tenedores" y "solo busca pasar la pelota" a los ayuntamientos "sin establecer ningún marco".
"Nuestra mayor preocupación es que, una vez más, desplazan el problema, fomentan modelos diferentes, y la competencia entre los ayuntamientos para ver quién tiene más pisos turísticos", ha señalado en un comunicado el coordinador municipal y también concejal en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez.
Martínez ha insistido, además, en que "este modelo beneficia especialmente a los grandes tenedores y las grandes empresas turísticas, a los que abre la puerta de par en par del negocio, tal y como ya dio a entender la alcaldesa Gema Igual hace unos días, donde demostró que su principal preocupación iba en asegurarles el nicho de mercado".
"La falta de un marco limitativo común para todos los municipios solo provocará que se extienda el problema y que se acabe colonizando todo el territorio, lo cual va a implicar más tensión en las posibilidades de acceder a una vivienda y otros problemas que ya hemos denunciado", ha insistido el edil.
No obstante, ha manifestado que "no es que esperáramos gran cosa" del borrador del decreto ya, en el periodo de recogida de propuestas, todo apuntaba a que era "un truco con el que el PP pretendía validar sus políticas, ignorando las propuestas de mayor calado, como el establecimiento de una moratoria en la concesión de licencias y la incorporación de las herramientas que la ley de vivienda estatal pone a disposición de las administraciones".
"Ya hemos advertido de que por ahí se están colando un gran número de casos que está creando una burbuja que puede arrasarlo todo, como ya ha pasado antes cuando se ha tratado a la vivienda como un bien especulativo", ha insistido, y ha apuntado que teme que estos meses hayan servido "para que grandes empresas turísticas se preparen para entrar y arrasar en un modelo que, hasta ahora, no permitía que entidades con personalidad jurídica pudieran ser titulares de viviendas de uso turístico".
Martínez ha considerado que el problema, en Santander y en Cantabria, es la "falta de voluntad política, la absoluta ceguera de ambos gobiernos del PP" como, a su juicio, ya se vio en el pasado pleno municipal en la capital, cuando su formación trató de que la capital realizara un estudio-diagnóstico para conocer la realidad de la situación y solicitar al Gobierno autonómico fijar una moratoria en la concesión de licencias.
"Se negaron a la espera de un marco autonómico común que estableciera unas normas, cuando ya sabían que este sería laxo o inexistente, como ocurre con el borrador que adelanta la Consejería de Turismo", ha lamentado Martínez, que ha manifestado no entender su postura "cuando ellos mismos, en el debate plenario, coincidieron en que era imprescindible conocer el diagnóstico y la foto fija, así como la evolución de los últimos años de este fenómeno".
