El PRC reclamará en el Parlamento de Cantabria que los gobiernos autonómico y estatal actualicen las cantidades de las "competencias impropias" que prestan los ayuntamientos, especialmente para "los más pequeños y despoblados", que están "ahogados" y a los que cada vez se imponen más tareas.
El portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, así lo ha indicado este viernes en una rueda de prensa en la que ha presentado una proposición no de ley para exigir al Gobierno regional que ejerza su competencia de diputación provincial, como le obliga el Estatuto de Autonomía, y establezca una partida complementaria al Fondo de Cooperación Municipal, de al menos 6 millones de euros, para financiar las competencias asumidas por los consistorios.
Los regionalistas, cuya iniciativa irá al pleno del lunes 23 de septiembre, también quieren que el Gobierno de Cantabria exija al Ejecutivo nacional mejorar la financiación de los ayuntamientos y que se tenga en cuenta "a la hora de discutir sobre los fondos de financiación".
Hernando ha recordado que, en Cantabria, al ser una comunidad uniprovincial, el Gobierno regional está obligado a ejercer la labor de diputación para "asistir y cooperar jurídica, económica y técnicamente con los pequeños municipios".
Municipios que tienen sus competencias pero que a las que a lo largo de los años "se han sumado un conjunto de competencias impropias" que, en algunos casos, principalmente en los ayuntamientos más pequeños y menos poblados, les está causando "un problema de gestión municipal".
Entre las competencias que hacen frente los consistorios, independientemente de su tamaño, ha citado el mantenimiento y los servicios de los colegios y escuelas, las aulas de un año, la asistencia domiciliaria o la teleasistencia, unos servicios cuyas "cantidades llevan años sin ser actualizadas" y cuyo coste se ha incrementado mucho por lo que muchos ayuntamientos "se encuentran ante un problema gravísimo para hacerlo frente".
Además, ha señalado que se les están sumando "muchas más competencias" por parte tanto del Gobierno regional como el nacional. Así, ha citado el caso de la Ley de Bienestar Animal con los controles de las condiciones de salud y el control de las colonias de gatos.
También se ha referido al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que deja en manos de los ayuntamientos las competencias de control e inspección; o la Ley de Simplificación Administrativa en la que no serán necesarias determinadas licencias para la apertura de negocios pero se requerirá de una declaración responsable cuyo control lo tendrán que hacer los consistorios.
"Los regionalistas entendemos que esto no es admisible", ha dicho el portavoz parlamentario, que por ello reclama al Gobierno de Cantabria fortalecer la Dirección General de Administración Local con medios para que sirva de ayuda a todos los ayuntamientos --por ejemplo que cuente con técnicos para asistir en la elaboración de proyectos e informes a los consistorios-- pero también ayudarles económicamente.
Para esto último, el PRC propone esa partida de "al menos 6 millones de euros", complementaria al Fondo de Cooperación Municipal, y que se reparta de acuerdo con la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) conforme a los mismo criterios que el fondo, dando más a los más pequeños y despoblados.
"Es muy importante porque ha llegado ya un momento en que los municipios están ahogados y, si los municipios están ahogados, los servicios públicos no se prestan adecuadamente", ha dicho Hernando, para quien el Gobierno tiene la obligación de ocuparse de los cántabros "vivan donde vivan".
En la iniciativa, dado que parte de esas "competencias impropias" vienen del Estado, también se reclama al Ejecutivo autonómico que exija al Gobierno de la Nación mejorar la financiación de los ayuntamientos.
En cuando al Gobierno central, se ha referido a un asunto "gravísimo" como es la falta de secretarios e interventores municipales, que hace que "muchos ayuntamientos no puedan ni aprobar el presupuesto porque no tienen un técnico municipal habilitado para ello".
Para Hernando, se trata de "una propuesta pegada a la realidad de la calle, pegada a lo que los ayuntamientos de Cantabria quieren y necesitan", y que beneficia a todos los consistorios independientemente del color político, por lo que ha confiado en que sea aprobada por todos los grupos del Parlamento.
