El diputado regional del PP Roberto Media ha lamentado que los grupos que sustentan al Ejecutivo (PRC-PSOE) hayan rechazado este viernes una iniciativa de su partido que pretendía obligar al Gobierno de Cantabria a cumplir con los acuerdos del Parlamento adoptados hace casi ya dos años.
En un comunicado, ha explicado que el PP ha defendido en la Comisión de Obras Públicas celebrada este viernes en el Parlamento una proposición no de ley que instaba al Gobierno regional (PRC-PSOE) a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica la adscripción a la comunidad autónoma de más de 9.000 metros cuadrados de terrenos e instalaciones en la zona de La Pozona de Cuchía (Miengo).
Media ha considerado una "vergüenza" que esta iniciativa, registrada en la Cámara en agosto, haya tardado tres meses en debatirse por, según ha dicho, las "artimañas regionalistas", cuando afecta a 60 familias de la región que atracan sus pequeñas embarcaciones en la instalación portuaria de La Pozona, sobre la que existe una orden de desalojo y demolición.
Media ha señalado que en 2003 el entonces consejero de Obras Públicas, el regionalista José María Mazón, ahora diputado nacional de los regionalistas, animó a los vecinos que tienen los atraques en esta área, unidos en la Asociación La Pozona, a legalizar la misma mediante la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Ha indicado que esta tramitación no se resolvió hasta que el 22 de octubre de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez emitió resolución denegando la concesión solicitada y ordenando además la demolición y retirada de todas las instalaciones existentes a costa de la Asociación La Pozona.
"El hoy diputado Mazón les animó a legalizar las instalaciones en el año 2003, y en octubre de 2018, siendo él consejero once años durante ese periodo, nos encontramos con la obligación de retirar y demoler todo lo construido a costa de los propios usuarios del puerto", ha señalado Media, que ha acusado al exconsejero de Obras Públicas y al PRC de abandonar "a su suerte" a los usuarios de esta instalación que la venían utilizando sin problema durante cientos de años.
El diputado del PP ha denunciado también que el Gobierno de Cantabria "no ha cumplido" con los acuerdos alcanzados en el Parlamento, que ya en febrero de 2019 aprobó con los votos de PP, PRC, PSOE y Ciudadanos una iniciativa del PP en la que, entre otras cuestiones, se instaba al Ministerio a suspender la tramitación de todos los expedientes por ocupación del dominio público marítimo-terrestre en La Pozona.
También, en dicha iniciativa, se pedía incluir de forma urgente el proyecto para su legalización en la planificación portuaria de la Consejería de Obras Públicas.
"¿Algún diputado regionalista ha exigido al Gobierno del señor Revilla el cumplimiento de aquel acuerdo, o ese acuerdo sólo era necesario para llegar a las elecciones de mayo de 2019 manteniendo a los afectados engañados?", ha preguntado Media.
Según Media, el PRC "ha frenado" el debate de la iniciativa registrada el 4 de agosto para que la Consejería de Obras Públicas, mediante un contrato menor, adjudicase el 5 de octubre, la redacción del Proyecto básico de adecuación de las instalaciones portuarias de La Pozona, y "hoy poder dar alguna explicación convincente para esos vecinos".
"Si con poco más de seis mil euros se ponía solución al problema, ¿por qué ha tardado casi dos años el Gobierno en ponerlo en marcha, incumpliendo las resoluciones de este Parlamento que ellos mismos votaron?", ha preguntado.
A juicio del diputado popular, "si el PP no hubiera dado voz a esos vecinos con la presentación de esta iniciativa en el mes de agosto, hoy seguiríamos esperando sin haber movido un solo papel".
"Si hubieran contratado ese proyecto cuando el Parlamento lo aprobó en febrero de 2019, hoy no estaríamos en este punto y les hubiéramos ahorrado muchas horas de insomnio y bastante dinero a estas familias", ha afirmado Media, recordando que el plazo de redacción de ese proyecto era de un mes y que el Gobierno ya debería disponer del mismo.
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