El PP cántabro critica la "inacción" del Estado ante la adicción de jóvenes al juego, internet y videojuegos

La senadora por Cantabria del PP, Elena Castillo, ha expresado en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Adicciones, de la que es portavoz adjunta, la "preocupación" de su partido por la adicción de los jóvenes al juego, internet y los videojuegos, y ha criticado la "inacción" del Gobierno (PSOE-SUMAR) en esta materia.

La 'popular' ha defendido una iniciativa, que ha sido aprobada, que sitúa a la familia como un elemento trascendental en la prevención de estas adicciones, y ha afirmado que su formación política "siempre apoyará medidas preventivas y correctoras para frenar situaciones en las que el juego se convierte en el centro de la vida de una persona, causando daño a ella misma y a su entorno familiar, personal o profesional".

Así lo ha señalado este viernes el PP en una nota de prensa en la que ha criticado al Ejecutivo central del que ha dicho que "lleva 7 años en el poder y no ha hecho del juego y sus afectados una prioridad".

Castillo ha instado a las Fuerzas de Seguridad del Estado a eliminar las actividades de juego online ilegales en España y ha exigido a la Dirección General de Ordenación del Juego acciones efectivas para lograr este objetivo.

En su turno de defensa de la iniciativa, a la que se sumó Vox, la senadora ha destacado la importancia de la familia en la detección temprana de comportamientos o síntomas de ludopatía en los adolescentes.

En este sentido, ha afirmado que "si el Gobierno de Sánchez quiere ayudar a las familias" debe "destinar recursos públicos para promover la formación en el entorno familiar y establecer un servicio telefónico gratuito que brinde atención permanente a las víctimas de esta adicción y a sus familias".

Además, Castillo ha indicado en que el Gobierno central debe coordinarse con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como con los representantes de los afectados y los profesionales sanitarios.

Según ha indicado el PP, la iniciativa aprobada insta al Gobierno a lanzar campañas de comunicación institucional útiles, realizar estudios desde el prisma de la salud pública y coordinarse con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los afectados y las asociaciones, proporcionando mayores recursos tecnológicos y humanos.