El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves el inicio del trámite de información pública a la propuesta de modificación del decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en Cantabria para la revisión al alza de las cuantías de las compensaciones económicas a los profesionales de la abogacía y de la procura, entre otros aspectos.
Durante un periodo de 10 días, a partir de este viernes, cualquier interesado podrá formular por escrito las alegaciones o aportaciones que considere oportunas respecto al contenido del proyecto.
En un comunicado, el Gobierno ha informado que pese a que el decreto de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad Autónoma se publicó el 18 de mayo de 2023, se ha decidido acometer su modificación dado que uno de sus objetivos "prioritarios" es la simplificación administrativa sin merma de la seguridad jurídica.
En este sentido, se ha aprovechado la reforma para introducir en el articulado del decreto modificaciones "concretas" para facilitar la gestión de los expedientes de justicia gratuita, aclarando algunos aspectos para evitar problemas de interpretación.
De esta forma, se busca obtener una regulación del procedimiento en la que, tanto la administración como los colegios profesionales, así como los propios profesionales intervinientes, puedan desempeñar sus funciones con "más agilidad y con unas obligaciones mejor precisadas".
Además, con esta modificación se mantiene otro de los objetivos del Gobierno encaminado a "dignificar la prestación del servicio público de justicia gratuita con una compensación económica ajustada a la compleja naturaleza de la función desarrollada voluntariamente por los profesionales de la Abogacía y de la Procura", que trasciende de los criterios y principios que rigen las prestaciones de servicios de índole estrictamente profesional.
Por ello, el texto de la modificación propone la revisión al alza de las cuantías de las compensaciones económicas a los profesionales de la abogacía y de la procura y se complementa, además, con una regulación que discrimina con mayor detalle los diferentes tipos de procedimientos judiciales incluidos en el baremo.
El texto completo del citado proyecto se pueden consultar en la Dirección General de Justicia y Victimas del Terrorismo (calle Castilla, nº 1, entresuelo, de Santander), en la página www.participacion.cantabria.es, así como a través del portal web del Gobierno de Cantabria www.cantabria.es y en el portal de transparencia del Gobierno de Cantabria www.transparencia.cantabria.es.
Las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de Justicia y Victimas del Terrorismo, y se podrán presentar en el Registro Electrónico General, así como en los registros u oficinas establecidos por ley.
En 2023, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ha tramitado un total de 6.239 expedientes, de los que se archivaron o devolvieron 61 y se resolvieron 6.178, de los que 5.229, un 85% resultaron estimados, y 949, un 15% denegados.
En relación con el coste económico de la justicia gratuita, desde la Dirección General se tramita una subvención de carácter legal que financia a las actuaciones desarrolladas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita por parte del Colegio de la Abogacía y Procuradores y el total ha sido de 2,39 millones de euros para el Colegio de la Abogacía, y de 208.208 euros para el Colegio de Procuradores.
