El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha participado en la segunda Conferencia Sectorial de Educación de esta legislatura, en la que ha demandado al Gobierno de España un programa de cooperación territorial para infraestructuras educativas.
Durante el encuentro, presidido por el Secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, Silva ha planteado al Ejecutivo central la necesidad de crear el citado programa, "dado que muchos de nuestros centros educativos fueron construidos en la década de los 80 y dicha antigüedad hace necesario que cada curso escolar tengamos que poner en marcha numerosas intervenciones de mantenimiento, renovación y ampliación".
El consejero cántabro ha indicado que la región tiene casi 700 actuaciones inventariadas en materia de infraestructuras educativas y ha destacado el "esfuerzo inversor y el compromiso del Gobierno de Cantabria por una educación de calidad adaptada a las necesidades y demandas de la sociedad. Un esfuerzo que asumimos las comunidades autónomas por completo", ha señalado en un comunicado.
En este sentido, Silva ha apuntado que su departamento tiene previsto poner en marcha a lo largo de este año una inversión de 11 millones de euros en unas 70 obras de infraestructuras educativas.
CANSANCIO EN LOS DOCENTES POR EL CÚMULO DE CAMBIOS LEGALES
Y a propósito de otro de los temas abordados en la conferencia sectorial, el consejero ha puesto de relieve el "cúmulo de cambios legales" en materia educativa que "están provocando cierto cansancio en el colectivo docente por ser muchas y en un breve plazo de tiempo" las modificaciones.
También se ha referido a las "numerosas" dificultades financieras y de gestión que las comunidades están sufriendo por esos cambios normativos y sus "exigentes calendarios de implantación, al igual que ocurrió con la cotización de la Seguridad Social".
A este respecto, Silva ha insistido en el especial momento que supone el nuevo marco legal de la Formación Profesional y ha reclamado mayor compromiso financiero por parte del Gobierno de España, pues los cambios que se empiezan a aplicar en Educación implican un aumento del gasto estructural para las comunidades.
"La exigente implementación que plantea la nueva ley de FP y su desarrollo reglamentario, publicado por el Ministerio de Educación el pasado 28 de mayo, coloca en serias dificultades a las comunidades autónomas, que debemos buscar su encaje legal, pero que también tenemos que tener en cuenta su efecto en la vida de los centros educativos y toda la comunidad educativa", ha concluido el consejero.
Ha estado acompañado por el director general de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, José Luis Blanco, y la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes.
