El PP de Astillero ha decidido este lunes por unanimidad en una reunión de la Junta local que también llevará a la Fiscalía las presuntas irregularidades detectadas por el secretario del Ayuntamiento, como ya lo ha hecho el PSOE.
Los socialistas acordaron dar este paso en una Ejecutiva celebrada hace unas semanas y el viernes pasado presentaron en la Fiscalía su escrito, que pone en conocimiento que, tal y como denunció en mayo el secretario municipal, el oficial de Obras y Servicios ha estado durante 20 meses cobrando una nómina del Consistorio y al mismo tiempo una pensión por incapacidad.
Ante este hecho, los partidos de la oposición de Astillero, donde gobierna Ciudadanos con mayoría absoluta, piden al Ministerio público que esclarezca si se han cometido los delitos de malversación, falsedad de documento público y prevaricación.
En un comunicado tras la reunión de la Junta local de este lunes, el PP ha señalado que cuando salió a la luz el asunto pidieron explicaciones al equipo de Gobierno y exigieron la convocatoria de un Pleno extraordinario para abordarlo, pero tras más de un mes el partido "no ha recibido ninguna explicación" del alcalde, Javier Fernández Soberón.
"Es deber y responsabilidad de la oposición el fiscalizar la labor del equipo de Gobierno del Ayuntamiento para controlar que todas las acciones sean legales y conformes a derecho", advierte el PP, que rechaza lo que considera una "falta de respeto" hacia el grupo municipal y añade que "se suma a los antecedentes del señor alcalde con respecto al Partido Popular durante los últimos cinco años, donde se han sucedido los engaños, las mentiras y los numerosos casos de poca o nula transparencia en su gestión".
Tras las denuncias de 'populares' y socialistas corresponde actuar la Fiscalía, que tomará declaración a quien considere para aclarar el asunto --como el secretario o miembros del comité de empresa, que habrían denunciado esta posible irregularidad al alcalde, Javier Fernández Soberón-- y decidirá si abre una investigación si entiende que hay delito.
En este caso el PSOE ya ha confirmado a Europa Press que se personaría en la causa y presentaría una querella.
Tras la polémica generada, los grupos de la oposición pidieron explicaciones al equipo de Gobierno y éste negó las acusaciones y aseguró que dispone de documentación que las desmiente. Además, señaló que el oficial de Obras estuvo trabajando hasta que el propio secretario emitió el informe indicando que "no podía estar".
Así, el equipo de Gobierno lamentó que la oposición use un expediente "sobre un tema particular y privado de un trabajador municipal que sufrió una grave enfermedad".
Sin embargo, el informe del secretario recoge que dicho empleado recibió en 2022 la incapacidad total de la Seguridad Social y pidió un cambio de puesto en el Ayuntamiento compatible con el cobro de la pensión, tras lo que "no hay ninguna resolución" donde figure su recolocación.
Así, en 2024 emitió un informe en el que advirtió de la "ilegalidad" de la situación laboral de este trabajador, que llevaba "20 meses" cobrando la nómina del Consistorio y la pensión.
