El diputado regional y senador autonómico por Cantabria del Partido Popular, Iñigo Fernández, ha opinado que la Ley de Amnistía "lleva al BOE la impunidad" y ha solicitado al Parlamento regional que recurra esta norma ante el Tribunal Constitucional.
En rueda de prensa este jueves, Fernández ha recordado que la iniciativa del PP se registró el pasado 12 de junio y que en la última sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del día 18 se acordó incluir la propuesta en el Pleno del próximo lunes 24, que será el último de carácter ordinario en el período de sesiones.
En este sentido ha indicado que la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 10 de junio y que hay un plazo de tres meses para presentar el recurso, lo que justifica la urgencia de la acción parlamentaria.
Según Fernández, la Ley de Amnistía "vulnera el artículo 14 de la Constitución Española al establecer una diferenciación injusta entre los ciudadanos españoles".
"Exonera a los dirigentes políticos catalanes de cumplir con la ley, mientras que el resto de los españoles estamos obligados a hacerlo", ha subrayado, lo que en su opinión "no solo es injusto, sino que también representa un peligroso precedente que socava la igualdad ante la ley en nuestra democracia".
El diputado del PP ha criticado además que "contrariamente a lo que se ha argumentado, no pacifica Cataluña" sino que, por el contrario, "envía un mensaje de impunidad a quienes desafiaron el orden constitucional en 2017". "Aquellos que promovieron la ilegalidad y la violencia podrían interpretar esta amnistía como una señal de que sus acciones no tienen consecuencias", ha advertido.
En su opinión, la presentación del recurso es "una defensa de los principios fundamentales de la democracia española" porque no se puede permitir establecer un precedente "donde algunos ciudadanos estén exentos de cumplir con la ley mientras otros no lo están. Esto minaría la cohesión social y pondría en riesgo la igualdad de todos los españoles ante la ley", ha enfatizado.
A su juicio, "no se puede aceptar que mientras los ciudadanos comunes y corrientes deben cumplir con las leyes y enfrentar las consecuencias de sus actos, los líderes políticos catalanes sean eximidos de cualquier responsabilidad penal", lo que "no solo erosiona el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución, sino que también envía un mensaje devastador a la sociedad española".
Al respecto, ha vuelto a recalcar el compromiso del PP de defender el principio de igualdad ante la ley y de asegurar que todos los ciudadanos españoles, "sin importar su posición política o influencia, sean tratados de manera justa y equitativa". Así, ha enfatizado que el recurso del PP "no solo busca proteger la integridad del sistema legal español frente a cualquier intento de politización o manipulación".
Además, ha advirtido sobre las implicaciones a largo plazo de esta norma. "Si permitimos que los dirigentes políticos puedan eludir la ley mediante este tipo de medidas, socavamos la confianza en nuestras instituciones y en el Estado de Derecho. Es fundamental que el Tribunal Constitucional examine detenidamente esta ley y reafirme los principios de igualdad y justicia que son fundamentales para la democracia española", ha considerado.
Finalmente, Fernández también ha valorado que la "dinámica que se está abriendo por parte del Gobierno de España" lleva a que "determinados círculos, determinadas personas, determinados dirigentes que están muy próximos a La Moncloa, queden exentos de cumplir las leyes y las normas".
"Ya sean las personas condenadas por los episodios corruptos de los ERES de Andalucía, ya sea la señora del presidente del Gobierno que negocia en nombre de empresas contratos de las Administraciones Públicas que dirige su marido o ya sea el hermano del presidente del Gobierno que debe ser el único español que no está obligado a hacer declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas", ha concluido.
