Santander se compromete con los constructores a agilizar la tramitación de licencias
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha trasladado a la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) el compromiso del Ayuntamiento para agilizar los trámites en la concesión de licencias de obra.
Igual ha recibido en su despacho a Javier Palomera, presidente de ACP, y a Juan de Miguel, miembro de la junta directiva, con quienes ha repasado diferentes asuntos de interés para el sector, entre ellos la voluntad del Ayuntamiento de simplificar los trámites para los ciudadanos en materia de licencias de obras, ha indicado en nota de prensa.
Acompañada por el concejal de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda, César Díaz, Igual ha anunciado que el Ayuntamiento ya está trabajando en la redacción de una ordenanza que, de acuerdo a lo dispuesto en la nueva Ley del Suelo, regulará la figura de la declaración responsable en una fórmula que pretende evitar demoras en la tramitación de los expedientes administrativos y en la concesión de las correspondientes licencias.
Del mismo modo, la alcaldesa ha expresado el compromiso del Ayuntamiento para seguir apostando por la inversión productiva y mantener el "elevado" nivel de licitación en obra pública realizado en los últimos años.
Ha recordado que recientemente ha finalizado el plazo de licitación para las obras del Centro Asociado al Museo Reina Sofía en Santander y sede del Archivo Lafuente, un proyecto que prevé una inversión de 15,7 millones de euros y al que nueve empresas constructoras han presentado ofertas.
También ha anunciado que próximamente se sacarán a concurso varios proyectos, como la primera fase del Plan Director de General Dávila, la renovación de los barrios Grupo Velarde, Pronillo-Santiago El Mayor, la Colonia del Mar o la segunda fase del Sardinero, así como la renovación de los Jardines de Piquío, entre otros.
Por su parte, los miembros de la Asociación de Constructores y Promotores han puesto de manifiesto la necesidad de agilizar los trámites para la aplicación integral del mecanismo excepcional de revisión de precios contemplado en la ley del 2022 y sus posteriores modificaciones, lo que, según han resaltado, "afecta directamente al tejido empresarial, asfixiado desde hace casi dos años por las tensiones inflacionarias".