Tribunal de Cuentas instruye a responsables de finanzas de partidos sobre la justificación de sus gastos electorales
El Tribunal de Cuentas ha organizado un encuentro con responsables de finanzas de los partidos políticos para instruirles sobre la justificación de sus gastos electorales así como sobre las novedades del Plan de Contabilidad aprobado el pasado mes diciembre que las formaciones políticas deberán aplicar a sus cuentas anuales a partir del presente ejercicio.
Al encuentro, que tuvo lugar el pasado viernes en el Senado asistieron responsables económico-financieros y administradores electorales de más de treinta formaciones políticas, y fue inaugurado por la Consejera cotitular de Partidos Políticos, María Dolores Genaro.
Con esta jornada el fiscalizador dio respuesta a la resolución aprobada en febrero de 2018 por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que reclamó al organismo una "actitud más proactiva" en materia de formación sobre los desarrollos normativos.
EL TOPE DE GASTO Y CÓMO SE DISTRIBUYE
Los técnicos del Departamento de Partidos Políticos de la institución estructuraron el seminario en tres bloques temáticos: la novedades del Plan de Contabilidad adaptado a las formaciones políticas, la remisión por medio telemáticos de las contabilidades electorales y los criterios de fiscalización de las mismas, y las infracciones y los procedimientos sancionadores en el ámbito de las formaciones políticas.
En un reciente manual de contabilidad electoral, el Tribunal de Cuentas subraya que los partidos tendrán un límite de gasto resultante de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho donde se presenten candidaturas. De ese tope de gasto, no se podrá dedicar más de un 20% a publicidad exterior (vallas y banderolas, entre otros), ni más de un 20% en publicidad en prensa y radio (incluyendo redes sociales).
Y se recuerdan también a los partidos las infracciones previstas en la ley, que pueden ser leves, si el exceso de gasto no supera el 3%; graves, cuando no llega al 10%; o muy graves, si se ha sobrepasado más. Junto con la infracción, la correspondiente sanción que será el resultado de multiplicar por cinco ese exceso de gasto con una multa mínima de 5.000 euros en el caso de falta leve, 25.000 euros si es graves y 50.000 si se tipificó como muy grave.
OCHO PROCESOS ELECTORALES A FISCALIZAR
Durante este año, el tribunal que preside María José de la Fuente habrá de fiscalizar ocho procesos electorales: el de las generales del 28 de abril, y los de las locales, las europeas, y las autonómicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia (las comunidades que no tienen órgano fiscalizador propio), que se celebrarán el 26 de mayo.
La fiscalización de los restantes procesos electorales autonómicos se llevará a cabo por los órganos de control externo de las comunidades autónomas, con los que el tribunal también ha mantenido una reunión para la coordinación de los criterios de fiscalización.