La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), no ve "problema" en la derogación de la Ley de Memoria Histórica autonómica, pues una vez se materialice se va a aplicar en la región norma de ámbito nacional, y ha defendido en cualquier caso que la decisión adoptada esta semana por el Parlamento de la comunidad -que aprobó iniciar los trámites para dicha derogación- es "igual de legítima y democrática" que la que se acordó en su día en la Cámara para sacarla adelante, la pasada legislatura.
La líder de los 'populares' cántabros ha respondido así este viernes en Madrid, en una rueda de prensa al término de la reunión bilateral que ha mantenido con el presidente de España, Pedro Sánchez, a preguntas de los periodistas sobre la derogación de esta ley, después de que el Pleno del Legislativo diera luz verde el lunes a iniciar los trámites con los votos de PP -que gobierna en minoría y en solitario- y Vox, en tanto que PRC y PSOE -que la aprobaron en el anterior mandato- se comprometieron a hacerlo de nuevo si regresan al Ejecutivo.
Buruaga ha aclarado a los medios que su partido no ha "engañado absolutamente a nadie" pues ya anunció su derogación la pasada legislatura, cuando se aprobó la ley "sin diálogo" ni "consenso", y ese compromiso se plasmó después en el programa electoral del PP y se puso de manifiesto durante la campaña. Ha apuntado además que la decisión materializada esta semana "no forma parte de ningún pacto" o acuerdo con Vox, y ha negado así que esta formación de extrema derecha haya forzado a la suya, "en absoluto", ha zanjado.
La presidenta cántabra y de los 'populares' ha sustentado la derogación de la norma autonómica en que es "absolutamente ideológica y sectaria" y porque "reescribe la historia" y "discrimina a las víctimas de uno y otro lado". Así, a sus ojos, "solo sirve para fracturar" y, además, "impone el adoctrinamiento en las aulas" y "cosas tan estrambóticas, tan rancias y de otros siglos como la 'comisión de la verdad'".
Con todo, ha aclarado que una vez que esta norma se suprima, Cantabria volverá a la situación anterior en la que se aplicaba la de ámbito nacional, a lo que se suma además el "compromiso" de garantizar el derecho y el apoyo de las víctimas a identificar y a recuperar los restos de sus seres queridos y la preservación y la custodia de todos los elementos de documentación histórica.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, que también ha comparecido en rueda de prensa tras la bilateral y se ha referido igualmente a esta cuestión, ha expresado que en el Gobierno central no entienden por qué se deroga esta ley ante la que cabe, y según ha dicho, "mejora", porque "no todas las víctimas son iguales" y porque la Memoria Democrática "no es solamente exhumar".
En concreto, el socialista no comprende que en parlamentos como el de Castilla y León y de manera "acertada" han dejado sin tramitar ciertas leyes una vez que salió del Ejecutivo la ultraderecha y, sin embargo, donde no gobierna Vox, caso de Cantabria, "es la derecha la que saca la bandera de derogar la ley de Memoria Democrática".
"Creo que no tiene ningún sentido cuando estamos a las puertas de 50 años de libertad", ha expresado, en referencia al aniversario de la muerte de Franco -se cumple medio siglo el próximo 2025-. Torres ha apelado a que "cualquier texto que se ponga sobre la mesa, respete los derechos humanos y la voluntad de las víctimas y camine hacia la verdadera reconciliación", además de que sea una ley "consenso".
